1.- Nota tomada de Diario el Universo hoy 3 de noviembre del 2010
Propietarios de tierras piden agilidad a entidad que reemplazará al INDA
El INDA pasará a fin de mes a la Subsecretaría de Tierras, en el Ministerio de Agricultura.Pedro Quimbiamba, dirigente de actas de la Fenocin, expuso que luego de las denuncias que presentaron a principios de año en contra de esta institución, aspiran a que los trámites se realicen con transparencia.
Pidió además que se definan con claridad las competencias que tendrá la nueva Subsecretaría de Tierras que desde fines de mes absorberá al INDA.
Pone como ejemplo el caso de un campesino en Otavalo que para vender su terreno de 2.000 m² debe pedir autorización al INDA y también al Municipio. Al primero porque son de su competencia los predios rurales y al segundo, por el avalúo del predio. “¿Quién es el que se hace cargo de estos predios?”, se preguntó.
Esta situación crea confusiones y desconfianza entre los propietarios de los predios, añade. ”Si se conforma un solo ente regulador de la tierra, creemos que facilitarían los procesos”, opinó el dirigente.
Estos problemas también ocurren en la provincia de Bolívar. Por ejemplo, el agricultor Segundo Rumiguano la semana pasada buscaba atención en la matriz del INDA en Quito para que un funcionario de la entidad apruebe una autorización para vender una hectárea de tierra en Huánuco, Bolívar.
“En Bolívar nos dicen que debemos venir a la matriz en Quito, si queremos tener esa autorización; esperemos a ver qué pasa”, dijo con desazón.
El subsecretario de Tierras, Antonio Rodríguez, aseveró que desde la nueva entidad se descongestionará la atención del público en cada localidad. Esta nueva Subsecretaría asumirá los temas de tierras y territorios, pero deberá “empatar” sus funciones con las que cumple el Ministerio de Agricultura. La idea es que en cada jurisdicción se pueda resolver este tipo de conflictos.
En cada provincia ya se han estructurado oficinas que se mantendrán con personal técnico y no de apoyo. Por el momento, se mantienen cuatro distritos. En el futuro se incluirá la estructura de siete regiones.
Subsecretaría acelera titulación
Para el 12 de noviembre se prevé entregar más de 5.000 títulos de propiedad a los indígenas en Tungurahua, a propósito de las fiestas de esa provincia.
En Pichincha se entregó ya la hacienda El Tabón; en Esmeraldas, dos predios de 250 hectáreas de propiedad del Ministerio de Agricultura, denominadas La Burrera y San Mateo, a 200 familias.
En Guayas, 57 hectáreas que eran parte de la banca en liquidación. Son las propiedades denominadas El Caimito, ubicadas en la vía a la costa, y la hacienda Bélgica. En Manabí, el predio Leonidas Plaza.
Hasta fines de año esperan entregar 20.000 títulos más que corresponden a 20.000 hectáreas de propiedad del Estado y de la banca cerrada.
Comentario.- Aun que no esta oficialmente trabajando como Subsecretaria hay tarbajadores del programa PRAT que siguen trabajando ya no para el Minsiterio de Agricultura menos aun lara el Inda se dice que van a trabajar para la referida Subsecretaria de Tierra sin embargo llevan trabajando ya dos meses y aun no cobran sueldo....
2.- El sector agrícola y pesquero tiene límites Precio, el punto fuerte de las exportaciones
El clima y la proliferación de plagas afectaron la oferta de algunos alimentos. El banano, el camarón y las flores continuan registrando ventaja en volumen.
Mango. Cultivadores de la fruta prevén que la exportación disminuya un 15% este año. La baja temperatura afectó su producción.
Las exportaciones no petroleras, de enero a agosto, lograron un mejor desempeño al crecer un 14% respecto al mismo periodo del año pasado. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), las ventas pasaron de $ 4.411,50 a $ 5.029,08 millones.
El incremento en dólares se dio, pese a que hubo una caída del 10,37% en el volumen de envíos, especialmente, en ciertos productos agrícolas que dominan el segmento de la canasta de bienes exportados que excluye los despachos de crudo.
El principal factor que incidió en ese descenso fue la baja temperatura registrada en la Costa, y con ello la proliferación de algunas plagas que afectaron los cultivos. La cosecha de mango inició en septiembre, pero su producción y exportación hasta el momento no ha sido la esperada: 670 mil cajas frente a las 730 mil vendidas, en la misma época, del 2009. “La producción, al final de campaña, va a estar disminuida en un 15%. El año pasado enviamos un total de 9 millones 930 mil cajas, este año creo que serán 8 millones 500 mil”, menciona Kyra Kalil, presidenta de Refin Da.
El mal clima también incidió en la industria de pescado enlatado. Según el BCE, en los primeros 7 meses del 2010 el número de toneladas bajó de 122 a 115 con relación al año pasado, afectando las divisas generadas por el sector: $ 37 millones menos que el 2009.
La disminución de los desembarques de atún, en un 16%, fue a criterio del oceanógrafo Franklin Ormaza, lo que habría impulsado esa baja en la oferta. “El fenómeno de La Niña ha provocado la redistribución del recurso dentro del mar, lo que hace que esté menos disponible para la pesca”.
El banano tampoco pasa por un buen momento. Aunque sus volúmenes de exportación bajaron levemente (según el BCE de 3,802 toneladas en el 2009 a 3,599 en el 2010) Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación de Exportadores de Banano Ecuatoriano (AEBE), considera que al país pudo haberle ido mejor si sus productores hubiesen contado con un mejor clima y si en el Ecuador no existieran problemas. Para el bananero “no existen ventas tan bajas”, pero sí ciertas circunstancias que no motivan la exportación”.
Se refiere a la falta de control que existiría para no frenar la competencia desleal entre diferentes exportadoras. “No todas están presentando garantía, firmando contrato, pagando a través del Banco Central, cumpliendo con el pago oficial ($ 5,40 por caja) a los productores”, señala.
El problema del clima es inevitable, pero este tipo de irregularidades que apunta Ledesma podrían solucionarse con la aprobación de la nueva Ley del Banano que el Ejecutivo deberá enviar al Legislativo. Así lo asegura el subsecretario de Agricultura, Rafael Guerrero, quien indica que con el proyecto las autoridades ejercerán mayor control.
De acuerdo con cifras del BCE, al camarón, al cacao, a las flores y al café les fue bien en sus exportaciones de enero a agosto de este año. La venta en dólares de estos productos aumentó entre un 9 y 15%, con relación al 2009.
Por acción del Gobierno, el arroz halló otro destino. La medida fue tomada para contrarrestar los bajos precios en el mercado local, provocados por el excedente de la gramínea. Las ventas se iniciaron este año hacia Venezuela, donde se han enviado 60 mil toneladas de las 150 mil demandadas. “Para finales de noviembre o primeros días de diciembre enviaremos 40 mil hasta completar el cupo”, sostiene Eduardo Bejarano, gerente de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA).
Guerrero está consciente de que el país debe empezar a preocuparse por otros sectores agrícolas con capacidad exportadora. Por ello destaca el esfuerzo que estaría haciendo el Gobierno para impulsar la agroexportación. Señala la capacitación técnica y los créditos entregados a pequeños cultivadores de cacao o el café, productos que tienen bajo rendimiento. “Hemos estado buscando dinero para financiar un proyecto de 3 millones de dólares con pequeños productores de café en la provincia de Manabí”, indica Guerrero, quien también cuenta sobre los $40 millones que se estarían destinando a comunidades de Santa Elena para incentivar la producción y exportación de guayaba, por ejemplo.
“Un pequeño productor también puede ser moderno y competitivo para vender al mercado mundial. Algo que no se ha hecho porque se creía que los grandes eran los únicos que podían exportar”, afirma el Subsecretario. (LZR)
Él opinaOlivier Dangles
Investigador FRANCÉS de plagas agrícolas
Investigador FRANCÉS de plagas agrícolas
“El país debe realizar mayores estudios e investigaciones sobre las plagas de cultivos, antes de pensar en la exportación. La llegada de nuevas plagas, a causa del cambio de clima, será un problema fuerte, pero si no hay muestreo no podremos saber cuál será la dimensión del contagio.
Varias exportaciones pueden ser suspendidas o no tomadas en cuenta por este tema.
Las importaciones de otros países se rigen por criterios científicos para aceptar o no la compra. El respaldo científico es como un idioma común entre los países porque ellos van a creer en estudios que están publicados o reportes que están bien hechos. Es una forma de convencer a las demás naciones de que Ecuador está haciendo bien las cosas”.
Varias exportaciones pueden ser suspendidas o no tomadas en cuenta por este tema.
Las importaciones de otros países se rigen por criterios científicos para aceptar o no la compra. El respaldo científico es como un idioma común entre los países porque ellos van a creer en estudios que están publicados o reportes que están bien hechos. Es una forma de convencer a las demás naciones de que Ecuador está haciendo bien las cosas”.
3.- Falta consenso en AP para nombrar a delegados
QUITO. Al interior del bloque oficialista no se logra apoyo suficiente para nombrar a delegados de Comisiones Ciudadanas.
PAIS dejó para el último día del plazo (mañana) la designación de los delegados a las Comisiones Ciudadanas que elegirán al nuevo Fiscal General de la Nación y a los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, pese a que la Asamblea recibió el pedido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el pasado 5 de octubre.
Juan Carlos Cassinelli, coordinador de PAIS, dijo que la votación se suspendió porque esta designación tiene que llegar con “acuerdo de bancada”.
“Definimos que era mejor tratarlo el jueves en la mañana, que es el último plazo; no hay consenso, no es un tema de votos, ahí hay 100, 102, 104 (votos), lo que hay que buscar es que el pleno se pronuncie por lo menos en cuanto a sus delegados con una conformación mayoritaria”, dijo Cassinelli.
El coordinador de PAIS indicó que los cuatro nombres para principales y alternos presentados hasta el momento pueden variar, pero si finalmente no hay consenso el bloque de gobierno irá al pleno con sus nombres a buscar todos los votos necesarios.
Los cuatro nombres propuestos por el oficialismo son: Andrés Segovia, prosecretario general de la Asamblea; Lincoln Larrea Oña, asesor 1 de la Unidad Técnica Legislativa; Walleska Pareja Díaz, asesor 1 de la Unidad Técnica Legislativa; y Libia Ordóñez, asesor 1 de la Secretaría.
César Montúfar (CDN) considera que si dejaron para último momento la designación es porque no se pudieron poner de acuerdo entre ellos en los candidatos que querían imponer al resto de bloques.
El pasado jueves Montúfar propuso una moción al pleno para que se presente la hoja de vida de los candidatos al resto de la Asamblea con dos días de anticipación (cosa que no se hizo) y unos requisitos adicionales que marquen la independencia política de los candidatos, pero el oficialismo lo negó, según el asambleísta de oposición, bajo el argumento de que “ya no había tiempo”.
La Asamblea necesita 63 votos para las designaciones, si no los logra, será el mismo Consejo de Participación Ciudadana el que lo haga.
Juan Carlos Cassinelli, coordinador de PAIS, dijo que la votación se suspendió porque esta designación tiene que llegar con “acuerdo de bancada”.
“Definimos que era mejor tratarlo el jueves en la mañana, que es el último plazo; no hay consenso, no es un tema de votos, ahí hay 100, 102, 104 (votos), lo que hay que buscar es que el pleno se pronuncie por lo menos en cuanto a sus delegados con una conformación mayoritaria”, dijo Cassinelli.
El coordinador de PAIS indicó que los cuatro nombres para principales y alternos presentados hasta el momento pueden variar, pero si finalmente no hay consenso el bloque de gobierno irá al pleno con sus nombres a buscar todos los votos necesarios.
Los cuatro nombres propuestos por el oficialismo son: Andrés Segovia, prosecretario general de la Asamblea; Lincoln Larrea Oña, asesor 1 de la Unidad Técnica Legislativa; Walleska Pareja Díaz, asesor 1 de la Unidad Técnica Legislativa; y Libia Ordóñez, asesor 1 de la Secretaría.
César Montúfar (CDN) considera que si dejaron para último momento la designación es porque no se pudieron poner de acuerdo entre ellos en los candidatos que querían imponer al resto de bloques.
El pasado jueves Montúfar propuso una moción al pleno para que se presente la hoja de vida de los candidatos al resto de la Asamblea con dos días de anticipación (cosa que no se hizo) y unos requisitos adicionales que marquen la independencia política de los candidatos, pero el oficialismo lo negó, según el asambleísta de oposición, bajo el argumento de que “ya no había tiempo”.
La Asamblea necesita 63 votos para las designaciones, si no los logra, será el mismo Consejo de Participación Ciudadana el que lo haga.
Comentario.- Nuevamente la Supermayoria de AP empieza a funcionar y no que los delegadoa debian ser nombrados por la ciudadania donde esta aqui la impercialidad en la eleccion a tan garndes dignidades--- me late que va a hacer amarrado como otra veces de que vale entonces el Concurso Publico de Oposicion y Merecimientos
Los acusados por el 30-S cuestionan acción de Fiscalía
Quito
QUITO. La audiencia en la que dieron su versión 36 policías acusados por la revuelta del 30 de septiembre se instaló desde el pasado 6 de octubre y se extendió hasta horas de la madrugada del siguiente día.
Pese a que son legales los videos y fotografías utilizados por la Fiscalía de Pichincha para involucrar a civiles y uniformados en la revuelta policial del 30 de septiembre pasado, los acusados sostienen que los mismos no son contundentes para inculparlos de un delito.
José García, abogado del teniente Juan Avilés, quien es investigado por el supuesto delito de rebelión, sostiene que la acción de la Fiscalía General del Estado ha demostrado muchas deficiencias.
Explica que la madrugada del 7 de octubre pasado, cuando se realizó la toma de versiones de los agentes involucrados en el delito de rebelión, la Fiscalía se dedicó a presentar fotografías de mala calidad como elementos de convicción para sustentar su acusación. Incluso, relató, hubo cinco o seis casos en los que ni una foto existió como indicio de la acusación.
“En nuestro caso, inicialmente se nos presentó la foto de un policía de línea, siendo mi defendido un oficial. Horas más tarde, esa imagen desapareció y en la audiencia se vinculó a Avilés sin una foto. Ahora dicen que hay un audio que revela que mi auspiciado participó de la revuelta. Hemos pedido esas pruebas y no nos las entregan. Eso simplemente es porque no existen”, señala García.
El fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, defiende la actuación de sus compañeros. Asegura que cada uno de los fiscales que están en los casos han respetado el debido proceso y han valorado objetivamente cada uno de los elementos que se han presentado.
Aclara que todo lo que se ha utilizado en el proceso, hasta el momento, son elementos de convicción que han ayudado a señalar indicios de responsabilidad penal en los involucrados y que dependerá de los resultados de las pericias que se realicen a cada uno de esos videos, fotografías y audios, para que estos se eleven a la categoría de prueba y sirvan así para formular cargos ya en el inicio de un juicio penal.
El penalista Gonzalo Silva sostiene que ha existido apresuramiento de la Fiscalía para señalar responsables.
Califica como ilegal el uso de videos y fotografías, ya que, señala, estas pueden servir para apuntar culpables solo en los casos de delitos flagrantes, es decir, son válidos hasta 24 horas después.
Freire discrepa de esa apreciación y explica que legalmente la normativa le permite valerse de los medios de comunicación para tener imágenes fotográficas y en video de algo que fue público y que todos conocen.
El juez 21º de Garantías Penales de Pichincha, Santiago Coba, confirma que no existe ilegalidad en el uso de estos elementos de convicción por parte de la Fiscalía.
Reconoce que el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal habla de que toda intercepción y grabación debe ser autorizada por un juez; pero comenta que el artículo 151, numeral 1, último inciso, de ese mismo cuerpo legal, señala casos especiales.
En el articulado se aclara que “en aquellos casos de grabaciones o filmaciones realizadas a un hecho constitutivo de infracción registrada de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución por los medios de comunicación o por cámaras de seguridad ubicados en lugares públicos, le servirá al Fiscal para integrar la investigación e ingresar al juicio como elemento de prueba para su valoración, y no se requerirá de autorización de un juez competente”.
Para García, lo anormal no está en el uso de esos recursos para involucrar a una persona, sino que lo poco profesional es que con tan débiles indicios de responsabilidad se pida al juez que dicte orden de prisión preventiva contra alguien para investigaciones.
“La Fiscalía tenía dos años para investigar, pero en menos de un mes, creo por presiones, ya lleva a 21 policías detenidos, casi todos bajo el supuesto de que son culpables con base en videos especialmente. Esto deja abierta la posibilidad de que se inicien juicios por violentar procesos”, agrega el jurista.
En tanto, Freire no cree que exista la posibilidad de demandas internacionales, porque la institución ha procedido como manda la ley.
Insiste en que se está respetando el debido proceso y que se investiga de forma objetiva, expresa el principal de la Fiscalía de Pichincha.
Rita es esposa de uno de los cabos acusados del delito de rebelión. Ella afirma que no quiere dar su apellido porque teme que contra su marido se tomen represalias, pese a que ya se encuentra en estado de disponibilidad en la Policía Nacional. “Dentro de la Policía hay un sentimiento de persecución, que nadie quiere hablar de nada para que no haya sanciones”, indica.
La quiteña de 38 años cuenta que a su esposo lo vincularon con lo sucedido el 30 de septiembre en el Regimiento Quito Nº 1, por unos videos en los que se lo ve aplaudiendo y haciendo gestos como muchos otros compañeros.
“El video más largo tiene diez segundos y en él no se ve el cometimiento de un delito. Si a mi esposo lo acusan de rebelión, estoy más que segura que también deberían hacerlo contra los más de cien policías que se ven en la imagen. La mayoría de ellos hace lo mismo que mi esposo: gritar, alzar las manos y aplaudir”, manifiesta Rita.
Coba explica que las partes tienen 90 días para encontrar pruebas que expliquen al juez competente que existe un delito o que el inculpado no tiene nada que ver en el hecho.
“El día que se dé la audiencia de dictamen el fiscal deberá demostrar que sus indicios son contundentes para iniciar un juicio. Por ahora no existe nadie culpable”, concluye.
Reacción de los dos sectores
Marco Freire
FISCAL DE PICHINCHA
“Cada fiscal es independiente en su investigación. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. El fiscal que tiene a cargo el proceso es el único responsable de la acción penal”.
José García
ABOGADO DEFENSOR DE POLICÍA
“Este apresuramiento en encontrar culpables está haciendo que paguen justos por pecadores”.
José García, abogado del teniente Juan Avilés, quien es investigado por el supuesto delito de rebelión, sostiene que la acción de la Fiscalía General del Estado ha demostrado muchas deficiencias.
Explica que la madrugada del 7 de octubre pasado, cuando se realizó la toma de versiones de los agentes involucrados en el delito de rebelión, la Fiscalía se dedicó a presentar fotografías de mala calidad como elementos de convicción para sustentar su acusación. Incluso, relató, hubo cinco o seis casos en los que ni una foto existió como indicio de la acusación.
“En nuestro caso, inicialmente se nos presentó la foto de un policía de línea, siendo mi defendido un oficial. Horas más tarde, esa imagen desapareció y en la audiencia se vinculó a Avilés sin una foto. Ahora dicen que hay un audio que revela que mi auspiciado participó de la revuelta. Hemos pedido esas pruebas y no nos las entregan. Eso simplemente es porque no existen”, señala García.
El fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, defiende la actuación de sus compañeros. Asegura que cada uno de los fiscales que están en los casos han respetado el debido proceso y han valorado objetivamente cada uno de los elementos que se han presentado.
Aclara que todo lo que se ha utilizado en el proceso, hasta el momento, son elementos de convicción que han ayudado a señalar indicios de responsabilidad penal en los involucrados y que dependerá de los resultados de las pericias que se realicen a cada uno de esos videos, fotografías y audios, para que estos se eleven a la categoría de prueba y sirvan así para formular cargos ya en el inicio de un juicio penal.
El penalista Gonzalo Silva sostiene que ha existido apresuramiento de la Fiscalía para señalar responsables.
Califica como ilegal el uso de videos y fotografías, ya que, señala, estas pueden servir para apuntar culpables solo en los casos de delitos flagrantes, es decir, son válidos hasta 24 horas después.
Freire discrepa de esa apreciación y explica que legalmente la normativa le permite valerse de los medios de comunicación para tener imágenes fotográficas y en video de algo que fue público y que todos conocen.
El juez 21º de Garantías Penales de Pichincha, Santiago Coba, confirma que no existe ilegalidad en el uso de estos elementos de convicción por parte de la Fiscalía.
Reconoce que el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal habla de que toda intercepción y grabación debe ser autorizada por un juez; pero comenta que el artículo 151, numeral 1, último inciso, de ese mismo cuerpo legal, señala casos especiales.
En el articulado se aclara que “en aquellos casos de grabaciones o filmaciones realizadas a un hecho constitutivo de infracción registrada de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución por los medios de comunicación o por cámaras de seguridad ubicados en lugares públicos, le servirá al Fiscal para integrar la investigación e ingresar al juicio como elemento de prueba para su valoración, y no se requerirá de autorización de un juez competente”.
Para García, lo anormal no está en el uso de esos recursos para involucrar a una persona, sino que lo poco profesional es que con tan débiles indicios de responsabilidad se pida al juez que dicte orden de prisión preventiva contra alguien para investigaciones.
“La Fiscalía tenía dos años para investigar, pero en menos de un mes, creo por presiones, ya lleva a 21 policías detenidos, casi todos bajo el supuesto de que son culpables con base en videos especialmente. Esto deja abierta la posibilidad de que se inicien juicios por violentar procesos”, agrega el jurista.
En tanto, Freire no cree que exista la posibilidad de demandas internacionales, porque la institución ha procedido como manda la ley.
Insiste en que se está respetando el debido proceso y que se investiga de forma objetiva, expresa el principal de la Fiscalía de Pichincha.
Rita es esposa de uno de los cabos acusados del delito de rebelión. Ella afirma que no quiere dar su apellido porque teme que contra su marido se tomen represalias, pese a que ya se encuentra en estado de disponibilidad en la Policía Nacional. “Dentro de la Policía hay un sentimiento de persecución, que nadie quiere hablar de nada para que no haya sanciones”, indica.
La quiteña de 38 años cuenta que a su esposo lo vincularon con lo sucedido el 30 de septiembre en el Regimiento Quito Nº 1, por unos videos en los que se lo ve aplaudiendo y haciendo gestos como muchos otros compañeros.
“El video más largo tiene diez segundos y en él no se ve el cometimiento de un delito. Si a mi esposo lo acusan de rebelión, estoy más que segura que también deberían hacerlo contra los más de cien policías que se ven en la imagen. La mayoría de ellos hace lo mismo que mi esposo: gritar, alzar las manos y aplaudir”, manifiesta Rita.
Coba explica que las partes tienen 90 días para encontrar pruebas que expliquen al juez competente que existe un delito o que el inculpado no tiene nada que ver en el hecho.
“El día que se dé la audiencia de dictamen el fiscal deberá demostrar que sus indicios son contundentes para iniciar un juicio. Por ahora no existe nadie culpable”, concluye.
Reacción de los dos sectores
Marco Freire
FISCAL DE PICHINCHA
“Cada fiscal es independiente en su investigación. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. El fiscal que tiene a cargo el proceso es el único responsable de la acción penal”.
José García
ABOGADO DEFENSOR DE POLICÍA
“Este apresuramiento en encontrar culpables está haciendo que paguen justos por pecadores”.
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