En la Corte Constitucional. Arturo Larrea (izq.) junto al presidente Patricio Pazmiño en una sesión. Foto: EL COMERCIO
Todas las mañanas, a las 05:30, durante los últimos años, Alfredo Larrea Jijón llegaba al parque La Carolina, en Quito, a correr.
Era miembro del grupo de atletas Zero Límites, seguidor de las competencias atléticas en el país y en el exterior. Siempre, según los que le conocían en la agrupación, Larrea Jijón decía que sabía de Leyes cuando se le preguntaba por su profesión. “Se dedicaba a correr. Era reservado y siempre decía que era abogado”, aseguró uno de sus entrenadores.
Desde el 3 de febrero de este año, el atleta, nacido el 4 de abril de 1959, ya no va a La Carolina. Ese día, el asambleísta Galo Lara denunció que él recibió USD 1,05 millones de la Cervecería Nacional, para “negociar un fallo favorable dentro de la Corte Constitucional”. Aunque su agilidad la puso en evidencia el 11 de febrero cuando escapó en un ‘sprint’ de la Fiscalía, huyendo de las preguntas de los periodistas.
Tampoco era abogado desde el 26 de noviembre de 1997, cuando el Colegio de Abogados de Pichincha le canceló la matrícula nro. 3957 con base en el informe de la Universidad Estatal de Guayaquil, que aseguró que no se graduó allí, como él afirmaba a sus clientes. El Colegio le había extendido esa matrícula basada en un supuesto título conferido a Larrea por la universidad el 15 de octubre de 1988.
En tal virtud, este abogado que no era abogado, y que seguía realizando trabajos como tal, decidió culminar sus estudios a distancia en la Universidad Católica de Cuenca y se incorporó el 28 de diciembre del 2010.
En este escenario, y desde su trinchera en el estudio jurídico Larrea & Asociados, Alfredo Larrea Jijón ingresó a trabajar en el Tribunal Constitucional (hoy Corte Constitucional) en junio del 2007. Él y Stalin Raza -abogado y ex militante de Alianza País- fueron de los primeros asesores que contrató el Tribunal. Lo hizo luego del proceso de designación de los nuevos vocales del organismo hecho por el ‘Congreso de los manteles’.
El vínculo entre Raza y Larrea se remontaba a octubre del 2006. Raza, como abogado independiente, presentó una demanda contra la empresa brasileña E-vote, por sus supuestas fallas en el conteo rápido de votos. Esa era la primera contienda electoral del presidente Rafael Correa.
La demanda acercó a Raza al movimiento Alianza País. De su mano, Alfredo Larrea Jijón pudo ser un funcionario público.
De hecho, Patricio Pazmiño, quien ocupa la Presidencia de la Corte desde el 2007, recuerda que Raza fue el nexo para que Alfredo Larrea llegara a la Corte, como uno de los asesores.
Alfredo Larrea permaneció poco tiempo en la Corte. En julio del 2007 dio un paso al costado para que su hermano Arturo Larrea ingresara como secretario de la Corte.“La carpeta de Arturo fue recomendada por Raza”, sostiene Pazmiño, quien incluyó su expediente en la terna para que fuera escogido por el Pleno. Desde entonces, Arturo ha sido el secretario y en las sesiones se sienta a la diestra de Patricio Pazmiño.
En cambio, Raza fue asambleísta alterno de Rosanna Queirolo, de Alianza País, en la Asamblea de Montecristi . Luego, estuvo en la Corte Constitucional, donde, hasta mediados del 2010 aparece como asesor de la Presidencia. Luego fue a la Embajada de Ecuador en Argentina, según un documento de la Cancillería de esa nación.
Gustavo Larrea, quien en esa fecha era uno de los principales dirigentes de Alianza País, asegura que no recuerda a los hermanos Larrea. “No los ubico”. Otra ex dirigente histórica del movimiento oficialista, Manuela Gallegos, tampoco recuerda a los Larrea, pero el nombre de Stalin Raza le parece familiar.
Los dos hermanos Larrea son polos opuestos. Alfredo más explosivo y Arturo introvertido, nervioso cuando se coloca alguna cámara al frente suyo.
A raíz de esta designación, Alfredo desapareció de la escena pública política. Su ilegal ejercicio profesional lo siguió realizando desde su estudio jurídico, alternando con sus entrenamientos y competencias atléticas.
Hasta ahora, este quiteño de clase media, padre de familia de dos hijos, que vive en el sector de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), al norte de Quito, se ha convertido en el principal sospechoso de un posible millonario soborno.
Supuestamente, según la denuncia de Lara, Alfredo Larrea habría aprovechado la relación con su hermano Arturo para negociar un fallo favorable a la Cervecería. Esta empresa mantiene un litigio jurídico por USD 90 millones con ex trabajadores, desde hace tres años.
Según los ejecutivos de la compañía, se contrató a Alfredo Larrea para una consultoría a finales del año pasado. Pero para hacerlo, Larrea debía estar registrado como abogado, cosa que no había ocurrido hasta hoy.
Lara sostiene que el nexo entre los hermanos Larrea y el presidente Pazmiño sirvió para impulsar el caso dentro de la Corte, que terminó con la suspensión de las medidas cautelares que pesaban contra la Cervecería.
La punta de lanza de su denuncia es una deuda que, supuestamente, Pazmiño mantiene con Alfredo por USD 35 000.
Pazmiño asegura que Lara deberá comprobar sus palabras en un juicio penal, pero no quiere revelar cuál será su estrategia. El Presidente de la Corte cree que esta denuncia tenía como propósito hacer tambalear a la Corte, en el momento que decidían la legalidad de la consulta popular presentada por Rafael Correa.
“Yo soy el trofeo para colgar en la pared de la oposición y de empresas que intentaron perjudicar al Estado y que fueron frenadas en la Corte”. La amistad y cercanía de Pazmiño con el Primer Mandatario no es un secreto.
Arturo Cervantes, representante de los ex trabajadores de la Cervecería, contó que acudieron a los directivos de Alianza País para denunciar la corrupción en la Corte, pero no quisieron escucharlos. “Otros compañeros buscaron acercamientos con Lara y le conseguimos los cheques”.
Sin embargo, es difícil entender cómo en la Corte no se percataron que el hermano del secretario había asesorado a la empresa litigante. Pazmiño sostiene que Larrea no pudo haber conocido eso porque no tiene acceso a los archivos. Pero el juez Alfonso Luz aseveró, según la revista Vistazo, que el secretario Larrea presionó a su juez alterno para que se pronunciara a favor de la Cervecería. Luz fue quien pidió la destitución del secretario.
Su salida aún está en suspenso. El pasado martes, cuando se debatía la aprobación de la consulta popular, se aceptó su pedido de licencia médica por 15 días.
Fue una medida urgente para apagar las críticas. Su reemplazante fue Marcia Ramos, la prosecretaria, quien tuvo que ir a trabajar pese a que estaba convaleciente por una cirugía.
Una encuesta de CMS señala que un 55% de consultados en Guayas, Pichincha y Azuay cree que se debe abrir un juicio contra los Larrea y los jueces.
Un error procesal ayudó a la Corte
La Corte Constitucional tuvo suerte para evitar que su pronunciamiento sobre la Cervecería se hiciera realidad y se convirtiera en duro revés.
El 7 de enero, se empezó a tratar la demanda de los ex trabajadores de la Cervecería. Ese caso había sufrido una dicotomía en juzgados de Guayaquil y de Quito, donde se emitieron fallos opuestos sobre las medidas cautelares contra la empresa. Entre ellas, el congelamiento de USD 90 millones de sus cuentas.
La Corte optó por dirimir esos fallos. Uno de los jueces que impulsó la decisión fue el titular de la Corte, Patricio Pazmiño.
El 20 de enero, él participó en el Pleno para defender su propuesta. La decisión, dice Pazmiño, se avaló por la conmoción que había causado el juicio y porque había un antecedente similar con el caso de la compañía Indulac.
“No lo niego, impulsé la resolución y lo hice para marcar un precedente para que los abogados y jueces no abusen de los amparos de protección constitucionales”, asegura Pazmiño.
El 3 de febrero pasado, seis jueces constitucionales (Patricio Pazmiño, Patricio Herrera, Édgar Zárate, Carlos Bhrunis, Ruth Seni y Nina Pacari) decidieron dirimir entre los fallos y suspender las medidas cautelares contra la Cervecería.
Ese momento, no imaginaron que el asambleísta Galo Lara denunciara una supuesta red de corrupción que salpicaba a la Corte. La queja la hizo ese mismo día y fue una bola de nieve.
Los jueces dieron marcha atrás rápidamente. Édgar Zárate presentó un pedido para que se revisara esa decisión. Lo presentó el 10 de febrero, siete días después de que se firmara la resolución.
La Corte tenía tres días para notificar su sentencia y con eso su decisión hubiera quedado en firme. Pero eso no se cumplió porque no se incluyeron las observaciones que hicieron los jueces en el fallo. Para Pazmiño fue descuido, pero ese error fue detectado por los jueces constitucionales y les sirvió para que dieran marcha atrás y ordenaran suspender lo actuado desde el 7 de enero.
Otros protagonistas
Galo Lara
Asambleísta de S. Patriótica
El legislador denunció la supuesta red de sobornos en la Corte. Él seguirá con la investigación; ayer protestó porque el superintendente de Bancos, Pedro Solines, le niega el acceso a las cuentas de Alfredo Larrea.
Alfonso Luz
Juez constitucional
El magistrado pidió la salida del secretario de la Corte, Arturo Larrea. Su pedido todavía no es tratado por el Pleno del organismo, porque el funcionario administrativo pidió una licencia médica de 15 días que se cumplirá en marzo.
Hernando Segura
Vicepdte. Asuntos Corporativos CN
Ha realizado contadas y tibias declaraciones respecto al escándalo. Todas las graves denuncias sobre el supuesto soborno lo ha respondido con el argumento de que se pagó por distintos trabajos de consultoría constitucional.
Carlos Pólit
Contralor
El organismo de control abrió una indagación del patrimonio de los funcionarios de la Corte Constitucional. La auditoría comprende a los familiares de los empleados, hasta cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad.
En tres meses el escándalo del juicio a la Cervecería se convirtió en una bola de nieve
Nov. 2010
Un juzgado de Guayas congeló USD 90 millones de la Cervecería y prohibió la venta y difusión de sus productos.
Dic. 2010
Los empleados de la Cervecería protestaron por el fallo de Guayaquil. Un juzgado de Quito suspendió la prohibición.
Ene. 2011
El 20 de ese mes, la Corte Constitucional resolvió dirimir entre los dos fallos. El 3 de febrero emitió su resolución.
Feb. 2011
El 9 de ese mes, los ex empleados de la Cervecería fueron hasta la Corte para denunciar la supuesta red de sobornos.
Feb. 2011
El 7 de febrero, los jueces constitucionales eliminaron su resolución. La demanda pasó a la Corte de Guayas.
Era miembro del grupo de atletas Zero Límites, seguidor de las competencias atléticas en el país y en el exterior. Siempre, según los que le conocían en la agrupación, Larrea Jijón decía que sabía de Leyes cuando se le preguntaba por su profesión. “Se dedicaba a correr. Era reservado y siempre decía que era abogado”, aseguró uno de sus entrenadores.
Desde el 3 de febrero de este año, el atleta, nacido el 4 de abril de 1959, ya no va a La Carolina. Ese día, el asambleísta Galo Lara denunció que él recibió USD 1,05 millones de la Cervecería Nacional, para “negociar un fallo favorable dentro de la Corte Constitucional”. Aunque su agilidad la puso en evidencia el 11 de febrero cuando escapó en un ‘sprint’ de la Fiscalía, huyendo de las preguntas de los periodistas.
Tampoco era abogado desde el 26 de noviembre de 1997, cuando el Colegio de Abogados de Pichincha le canceló la matrícula nro. 3957 con base en el informe de la Universidad Estatal de Guayaquil, que aseguró que no se graduó allí, como él afirmaba a sus clientes. El Colegio le había extendido esa matrícula basada en un supuesto título conferido a Larrea por la universidad el 15 de octubre de 1988.
En tal virtud, este abogado que no era abogado, y que seguía realizando trabajos como tal, decidió culminar sus estudios a distancia en la Universidad Católica de Cuenca y se incorporó el 28 de diciembre del 2010.
En este escenario, y desde su trinchera en el estudio jurídico Larrea & Asociados, Alfredo Larrea Jijón ingresó a trabajar en el Tribunal Constitucional (hoy Corte Constitucional) en junio del 2007. Él y Stalin Raza -abogado y ex militante de Alianza País- fueron de los primeros asesores que contrató el Tribunal. Lo hizo luego del proceso de designación de los nuevos vocales del organismo hecho por el ‘Congreso de los manteles’.
El vínculo entre Raza y Larrea se remontaba a octubre del 2006. Raza, como abogado independiente, presentó una demanda contra la empresa brasileña E-vote, por sus supuestas fallas en el conteo rápido de votos. Esa era la primera contienda electoral del presidente Rafael Correa.
La demanda acercó a Raza al movimiento Alianza País. De su mano, Alfredo Larrea Jijón pudo ser un funcionario público.
De hecho, Patricio Pazmiño, quien ocupa la Presidencia de la Corte desde el 2007, recuerda que Raza fue el nexo para que Alfredo Larrea llegara a la Corte, como uno de los asesores.
Alfredo Larrea permaneció poco tiempo en la Corte. En julio del 2007 dio un paso al costado para que su hermano Arturo Larrea ingresara como secretario de la Corte.“La carpeta de Arturo fue recomendada por Raza”, sostiene Pazmiño, quien incluyó su expediente en la terna para que fuera escogido por el Pleno. Desde entonces, Arturo ha sido el secretario y en las sesiones se sienta a la diestra de Patricio Pazmiño.
En cambio, Raza fue asambleísta alterno de Rosanna Queirolo, de Alianza País, en la Asamblea de Montecristi . Luego, estuvo en la Corte Constitucional, donde, hasta mediados del 2010 aparece como asesor de la Presidencia. Luego fue a la Embajada de Ecuador en Argentina, según un documento de la Cancillería de esa nación.
Gustavo Larrea, quien en esa fecha era uno de los principales dirigentes de Alianza País, asegura que no recuerda a los hermanos Larrea. “No los ubico”. Otra ex dirigente histórica del movimiento oficialista, Manuela Gallegos, tampoco recuerda a los Larrea, pero el nombre de Stalin Raza le parece familiar.
Los dos hermanos Larrea son polos opuestos. Alfredo más explosivo y Arturo introvertido, nervioso cuando se coloca alguna cámara al frente suyo.
A raíz de esta designación, Alfredo desapareció de la escena pública política. Su ilegal ejercicio profesional lo siguió realizando desde su estudio jurídico, alternando con sus entrenamientos y competencias atléticas.
Hasta ahora, este quiteño de clase media, padre de familia de dos hijos, que vive en el sector de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), al norte de Quito, se ha convertido en el principal sospechoso de un posible millonario soborno.
Supuestamente, según la denuncia de Lara, Alfredo Larrea habría aprovechado la relación con su hermano Arturo para negociar un fallo favorable a la Cervecería. Esta empresa mantiene un litigio jurídico por USD 90 millones con ex trabajadores, desde hace tres años.
Según los ejecutivos de la compañía, se contrató a Alfredo Larrea para una consultoría a finales del año pasado. Pero para hacerlo, Larrea debía estar registrado como abogado, cosa que no había ocurrido hasta hoy.
Lara sostiene que el nexo entre los hermanos Larrea y el presidente Pazmiño sirvió para impulsar el caso dentro de la Corte, que terminó con la suspensión de las medidas cautelares que pesaban contra la Cervecería.
La punta de lanza de su denuncia es una deuda que, supuestamente, Pazmiño mantiene con Alfredo por USD 35 000.
Pazmiño asegura que Lara deberá comprobar sus palabras en un juicio penal, pero no quiere revelar cuál será su estrategia. El Presidente de la Corte cree que esta denuncia tenía como propósito hacer tambalear a la Corte, en el momento que decidían la legalidad de la consulta popular presentada por Rafael Correa.
“Yo soy el trofeo para colgar en la pared de la oposición y de empresas que intentaron perjudicar al Estado y que fueron frenadas en la Corte”. La amistad y cercanía de Pazmiño con el Primer Mandatario no es un secreto.
Arturo Cervantes, representante de los ex trabajadores de la Cervecería, contó que acudieron a los directivos de Alianza País para denunciar la corrupción en la Corte, pero no quisieron escucharlos. “Otros compañeros buscaron acercamientos con Lara y le conseguimos los cheques”.
Sin embargo, es difícil entender cómo en la Corte no se percataron que el hermano del secretario había asesorado a la empresa litigante. Pazmiño sostiene que Larrea no pudo haber conocido eso porque no tiene acceso a los archivos. Pero el juez Alfonso Luz aseveró, según la revista Vistazo, que el secretario Larrea presionó a su juez alterno para que se pronunciara a favor de la Cervecería. Luz fue quien pidió la destitución del secretario.
Su salida aún está en suspenso. El pasado martes, cuando se debatía la aprobación de la consulta popular, se aceptó su pedido de licencia médica por 15 días.
Fue una medida urgente para apagar las críticas. Su reemplazante fue Marcia Ramos, la prosecretaria, quien tuvo que ir a trabajar pese a que estaba convaleciente por una cirugía.
Una encuesta de CMS señala que un 55% de consultados en Guayas, Pichincha y Azuay cree que se debe abrir un juicio contra los Larrea y los jueces.
Un error procesal ayudó a la Corte
La Corte Constitucional tuvo suerte para evitar que su pronunciamiento sobre la Cervecería se hiciera realidad y se convirtiera en duro revés.
El 7 de enero, se empezó a tratar la demanda de los ex trabajadores de la Cervecería. Ese caso había sufrido una dicotomía en juzgados de Guayaquil y de Quito, donde se emitieron fallos opuestos sobre las medidas cautelares contra la empresa. Entre ellas, el congelamiento de USD 90 millones de sus cuentas.
La Corte optó por dirimir esos fallos. Uno de los jueces que impulsó la decisión fue el titular de la Corte, Patricio Pazmiño.
El 20 de enero, él participó en el Pleno para defender su propuesta. La decisión, dice Pazmiño, se avaló por la conmoción que había causado el juicio y porque había un antecedente similar con el caso de la compañía Indulac.
“No lo niego, impulsé la resolución y lo hice para marcar un precedente para que los abogados y jueces no abusen de los amparos de protección constitucionales”, asegura Pazmiño.
El 3 de febrero pasado, seis jueces constitucionales (Patricio Pazmiño, Patricio Herrera, Édgar Zárate, Carlos Bhrunis, Ruth Seni y Nina Pacari) decidieron dirimir entre los fallos y suspender las medidas cautelares contra la Cervecería.
Ese momento, no imaginaron que el asambleísta Galo Lara denunciara una supuesta red de corrupción que salpicaba a la Corte. La queja la hizo ese mismo día y fue una bola de nieve.
Los jueces dieron marcha atrás rápidamente. Édgar Zárate presentó un pedido para que se revisara esa decisión. Lo presentó el 10 de febrero, siete días después de que se firmara la resolución.
La Corte tenía tres días para notificar su sentencia y con eso su decisión hubiera quedado en firme. Pero eso no se cumplió porque no se incluyeron las observaciones que hicieron los jueces en el fallo. Para Pazmiño fue descuido, pero ese error fue detectado por los jueces constitucionales y les sirvió para que dieran marcha atrás y ordenaran suspender lo actuado desde el 7 de enero.
Otros protagonistas
Galo Lara
Asambleísta de S. Patriótica
El legislador denunció la supuesta red de sobornos en la Corte. Él seguirá con la investigación; ayer protestó porque el superintendente de Bancos, Pedro Solines, le niega el acceso a las cuentas de Alfredo Larrea.
Alfonso Luz
Juez constitucional
El magistrado pidió la salida del secretario de la Corte, Arturo Larrea. Su pedido todavía no es tratado por el Pleno del organismo, porque el funcionario administrativo pidió una licencia médica de 15 días que se cumplirá en marzo.
Hernando Segura
Vicepdte. Asuntos Corporativos CN
Ha realizado contadas y tibias declaraciones respecto al escándalo. Todas las graves denuncias sobre el supuesto soborno lo ha respondido con el argumento de que se pagó por distintos trabajos de consultoría constitucional.
Carlos Pólit
Contralor
El organismo de control abrió una indagación del patrimonio de los funcionarios de la Corte Constitucional. La auditoría comprende a los familiares de los empleados, hasta cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad.
En tres meses el escándalo del juicio a la Cervecería se convirtió en una bola de nieve
Nov. 2010
Un juzgado de Guayas congeló USD 90 millones de la Cervecería y prohibió la venta y difusión de sus productos.
Dic. 2010
Los empleados de la Cervecería protestaron por el fallo de Guayaquil. Un juzgado de Quito suspendió la prohibición.
Ene. 2011
El 20 de ese mes, la Corte Constitucional resolvió dirimir entre los dos fallos. El 3 de febrero emitió su resolución.
Feb. 2011
El 9 de ese mes, los ex empleados de la Cervecería fueron hasta la Corte para denunciar la supuesta red de sobornos.
Feb. 2011
El 7 de febrero, los jueces constitucionales eliminaron su resolución. La demanda pasó a la Corte de Guayas.
